Sí, es posible modificar un contrato ya firmado, pero requiere el acuerdo mutuo de todas las partes contratantes. La modificación debería formalizarse también por escrito y con las mismas formalidades que el contrato original.

Un contrato verbal puede ser válido legalmente, pero resulta mucho más difícil de probar en caso de conflicto. Solo ciertos contratos requieren formalidad escrita por ley (por ejemplo, contratos sobre bienes inmuebles). Por seguridad, siempre es recomendable suscribir los contratos por escrito.

En caso de incumplimiento contractual, la parte perjudicada puede exigir el cumplimiento forzoso o la resolución del contrato, así como reclamar una indemnización por los daños y perjuicios causados por el incumplimiento.

Para reclamaciones menores de 2.000 euros se permite acudir a juicio verbal sin abogado ni procurador; sin embargo, en la práctica es muy recomendable contar con un abogado incluso en esos casos. En cuantías superiores o asuntos complejos, la actuación de abogado es obligatoria.

En el ámbito civil, la acción por incumplimiento contractual suele prescribir a los 5 años desde que se produjo el incumplimiento o desde que pudo ejercitarse la acción. Es decir, si una de las partes no cumple un contrato, la otra parte generalmente tiene hasta cinco años para reclamar judicialmente.

La separación suspende la vida en común de los cónyuges, pero no disuelve el vínculo matrimonial. El divorcio, en cambio, pone fin al matrimonio y permite que cualquiera de los cónyuges pueda volver a casarse si lo desea.

Sí. Cuando ambos cónyuges están conformes con el divorcio y sus medidas, puede tramitarse mediante un convenio regulador, lo que suele permitir un procedimiento más rápido, económico y menos conflictivo.

Sí. En los procedimientos de separación o divorcio es necesaria la intervención de abogado. En los divorcios de mutuo acuerdo ambos cónyuges pueden acudir con el mismo abogado si existe plena conformidad en las medidas.

El convenio regulador debe recoger las principales medidas derivadas de la ruptura: guarda y custodia de los hijos, régimen de visitas, pensión de alimentos, uso de la vivienda familiar, pensión compensatoria si procede y reparto de cargas familiares.

La custodia compartida puede acordarse cuando resulte beneficiosa para los hijos y sea compatible con sus necesidades, la disponibilidad de los progenitores, la relación entre ellos y las circunstancias concretas de la familia.

La pensión de alimentos se fija atendiendo principalmente a las necesidades de los hijos y a la capacidad económica de cada progenitor. También se tienen en cuenta gastos ordinarios, ingresos, número de hijos y régimen de custodia.

Si existe una resolución judicial que fija la pensión y la otra parte no la paga, puede iniciarse un procedimiento de ejecución para reclamar las cantidades debidas, intereses y, en su caso, las consecuencias legales del incumplimiento.

La reclamación de deudas suele iniciarse con un requerimiento de pago extrajudicial (por carta, burofax, etc.). Si el deudor no paga, se puede acudir al procedimiento monitorio (un proceso judicial rápido para deudas dinerarias) y, en última instancia, a un proceso verbal u ordinario, dependiendo de la cuantía, para obtener la ejecución forzosa del pago.

Ignorar una deuda no la hace desaparecer; al contrario, puede traer consecuencias serias. El acreedor podría acumular intereses de demora por el retraso en el pago, iniciar un proceso monitorio o ejecutivo que desemboque en embargos de salarios, cuentas bancarias o bienes del deudor, y además la deuda podría registrarse en ficheros de morosidad.

Si el bien o servicio fue adquirido a una empresa, existe una garantía legal obligatoria de 3 años para bienes nuevos y de 1 año como para bienes de segunda mano. Si el producto presenta una falta de conformidad o defecto durante ese periodo, el consumidor tiene derecho a exigir la reparación gratuita, la sustitución bien, la rebaja del precio o la resolución de la compra, según el caso.

La indemnización debe cubrir todos los daños efectivamente sufridos. En accidentes y responsabilidad civil, contractual o extracontractual, esto incluye: daños personales y daños materiales. Dentro de los personales se reconoce tanto el daño emergente (gastos médicos, costes de reparación, etc.) como el lucro cesante (ingresos que dejó de percibir por el siniestro) y también los perjuicios morales (dolor o sufrimiento, pérdida de calidad de vida, etc.). Todos estos conceptos son indemnizables siempre que los daños se acrediten y estén causalmente relacionados con el hecho dañoso.

Los permisos de residencia se dividen principalmente en residencia temporal (permite vivir legalmente entre 90 días y 5 años) y residencia de larga duración (tras 5 años continuos de residencia legal, otorga derechos casi equivalentes a un ciudadano español). Dentro de la residencia temporal hay variantes: permisos de trabajo por cuenta ajena o propia, permisos de estudios, reagrupación familiar (para traer familiares directos), etc. También existen autorizaciones especiales por circunstancias excepcionales, como el arraigo (social, laboral, familiar o por formación) para personas extranjeras que llevan un tiempo en situación irregular, pero con vínculos en España.