La impugnación de acuerdos sociales: causas de impugnación, plazos, legitimación, procedimiento y efectos

En una sociedad, las decisiones se toman por mayoría. Pero ¿qué ocurre cuando esa mayoría aprueba un acuerdo ilegal, contrario a los estatutos o que perjudica injustamente a la minoría? Para esos casos existe una herramienta esencial de defensa del socio: la impugnación de acuerdos sociales.

Esta guía explica qué acuerdos se pueden impugnar, el supuesto estrella del abuso de mayoría, quién está legitimado, los plazos (con la importante excepción del orden público), el procedimiento y sus efectos, y las particularidades de impugnar los acuerdos del consejo. Es un desarrollo del arma principal que apuntábamos en nuestra guía sobre los conflictos entre socios.

1.- ¿Qué es un acuerdo social?

Antes de hablar de impugnar, conviene entender qué se impugna. Un acuerdo social es la decisión que adopta un órgano colegiado de la sociedad —fundamentalmente, la junta general de socios o el consejo de administración— siguiendo las reglas de convocatoria, quórum y mayorías previstas en la ley y en los estatutos.

A través de los acuerdos sociales, la sociedad forma y expresa su voluntad: aprueba las cuentas, reparte (o no) dividendos, nombra o cesa administradores, modifica los estatutos, amplía capital, etc. Una vez adoptado válidamente, el acuerdo vincula a todos los socios, incluidos los que votaron en contra o no asistieron. Precisamente porque obligan a todos, la ley permite impugnar los que no se ajustan a Derecho. El régimen general de los acuerdos (la junta, el quórum, las mayorías, las actas) lo trataremos en una entrada específica.

2.- La impugnación de acuerdos sociales

La impugnación de acuerdos sociales es la acción judicial dirigida a dejar sin efecto un acuerdo de la junta o del consejo que sea contrario a la ley, a los estatutos o al interés social. Es, en esencia, el mecanismo con el que un socio (sobre todo el minoritario) puede reaccionar frente a las decisiones que le perjudican.

Su función es doble: proteger la legalidad en la vida de la sociedad y defender a la minoría frente a los posibles abusos de la mayoría. No sirve para cualquier discrepancia (perder una votación no da derecho a impugnar), sino para los acuerdos que incurren en alguna de las causas que la ley establece, y que vemos a continuación.

3.- Qué acuerdos se pueden impugnar

La Ley de Sociedades de Capital establece tres grandes causas de impugnación (artículo 204). Son impugnables los acuerdos que:

• Sean contrarios a la ley. Por ejemplo, un acuerdo adoptado vulnerando una norma imperativa o los derechos de los socios.
• Se opongan a los estatutos o al reglamento de la junta de la sociedad. La sociedad debe respetar sus propias reglas internas.
• Lesionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. Es decir, acuerdos que anteponen un interés particular al de la sociedad.

Esta lista no es cerrada: bajo esas categorías caben muchos supuestos concretos, que iremos desarrollando en entradas específicas.

4.- El abuso de mayoría y la protección del socio minoritario

Aquí está el supuesto más útil para el socio minoritario, y uno de los más litigados. La ley aclara que también lesiona el interés social el acuerdo que, aun sin causar daño al patrimonio de la sociedad, se impone de forma abusiva por la mayoría (artículo 204.1).

¿Cuándo se considera abusivo? Cuando el acuerdo, sin responder a una necesidad razonable de la sociedad, se adopta por la mayoría en su propio interés y en detrimento injustificado de los demás socios. Es la vía para combatir maniobras como la sistemática de no repartir dividendos para asfixiar al minoritario, o la creación artificiosa de gastos que benefician solo al grupo de control.

5.- Acuerdos que no se pueden impugnar

La reforma de 2014 introdujo un filtro importante para evitar impugnaciones abusivas por motivos menores. No se pueden impugnar los acuerdos basados en (artículo 204.3):

• Meras irregularidades formales poco relevantes en la convocatoria o la constitución del órgano (salvo que afecten a la forma y el plazo de la convocatoria, a las reglas esenciales de constitución o a las mayorías, o a otra regla de carácter relevante).
• La participación de personas no legitimadas, salvo que fuera determinante para la constitución del órgano.
• La invalidez de votos o el error en su cómputo, salvo que fueran determinantes para alcanzar la mayoría.

Y hay una regla de lealtad esencial: no puede alegar defectos de forma quien, pudiendo denunciarlos en el momento oportuno, no lo hizo (artículo 206.5). En otras palabras, no vale callar en la junta para guardarse el defecto como arma.

6.- ¿Quién puede impugnar un acuerdo? La legitimación

No cualquiera puede impugnar. De acuerdo al artículo 206, están legitimados para impugnar un acuerdo social:

• Los socios que hubieran adquirido tal condición antes de la adopción del acuerdo y que representen, individual o conjuntamente, al menos el 1% del capital social.
• Los administradores de la sociedad.
• Los terceros que acrediten un interés legítimo.

Existe una excepción muy relevante: cuando el acuerdo es contrario al orden público, está legitimado cualquier socio, administrador o tercero, aunque no reúna ese porcentaje ni fuera socio en aquel momento. La demanda, en todos los casos, se dirige contra la sociedad.

7.- Plazo de un año y la excepción del orden público

El tiempo apremia. La acción de impugnación caduca en el plazo de un año (tres meses en las sociedades cotizadas), según el artículo 205. Ese plazo se computa desde la fecha de adopción del acuerdo o, si el acuerdo se inscribió en el Registro Mercantil, desde la fecha de oponibilidad de la inscripción.

Pero hay una excepción capital: los acuerdos que, por sus circunstancias, causa o contenido, resulten contrarios al orden público no caducan ni prescriben, y pueden impugnarse en cualquier momento. Son los casos más graves (por ejemplo, acuerdos adoptados con vulneración de derechos fundamentales o mediando fraude).

8.- El procedimiento de impugnación y sus efectos

La impugnación se tramita por el cauce del juicio ordinario y es competente el juzgado de lo mercantil del domicilio social (artículo 207 de la Ley de Sociedades de Capital y Ley de Enjuiciamiento Civil). La demanda se dirige, como hemos dicho, contra la sociedad.

Un aspecto muy práctico: junto con la demanda pueden solicitarse medidas cautelares, y la más relevante es la suspensión del acuerdo impugnado, para evitar que produzca efectos mientras se resuelve el pleito. Conviene valorarla siempre que el acuerdo pueda causar un daño difícil de reparar.

En cuanto a los efectos, la sentencia firme que declara la nulidad de un acuerdo inscribible debe inscribirse en el Registro Mercantil. Ahora bien, la nulidad del acuerdo no arrastra automáticamente todos los actos ejecutados a su amparo, especialmente los que afecten a terceros de buena fe, cuya protección se preserva. Además, esta materia puede someterse a arbitraje si así se ha previsto, como alternativa a la vía judicial.

9.- La impugnación de los acuerdos del Consejo de Administración

No solo se impugnan los acuerdos de la junta: también los del consejo de administración. Se rigen por las mismas causas del artículo 204, pero con sus particularidades (artículo 251).

Están legitimados para impugnarlos los administradores y los socios que representen al menos el 1% del capital. El plazo de caducidad es, con carácter general, de treinta días desde que el socio conoció el acuerdo (con un límite máximo desde su adopción), más breve que el de los acuerdos de la junta. Es una herramienta clave cuando el conflicto se traslada al órgano de administración.

10.- Bibliografía

• Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Ley de Sociedades de Capital.
  • Acuerdos impugnables — art. 204 LSC.
  • Caducidad de la acción de impugnación — art. 205 LSC.
  • Legitimación para impugnar — art. 206 LSC.
  • Procedimiento de impugnación — art. 207 LSC.
  • Impugnación de acuerdos del consejo de administración — art. 251 LSC.
  • Impugnación del balance final de liquidación — art. 390 LSC.

• Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil — juicio ordinario (art. 249) y competencia del juzgado de lo mercantil (art. 52).

• Ley 31/2014, de 3 de diciembre, que reformó la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo (régimen actual de la impugnación).

En resumen

La impugnación de acuerdos sociales es el mecanismo para dejar sin efecto un acuerdo de la junta o del consejo contrario a la ley, a los estatutos o al interés social, y es la principal defensa del socio minoritario. Su supuesto estrella es el abuso de mayoría: el acuerdo que se impone sin necesidad de la sociedad y en perjuicio injustificado de la minoría. Pueden impugnar los socios con al menos el 1%, los administradores y los terceros con interés legítimo, en el plazo de un año, salvo que el acuerdo sea contrario al orden público, en cuyo caso no hay plazo.

La demanda se dirige contra la sociedad, ante el juzgado de lo mercantil, y puede pedirse la suspensión cautelar del acuerdo. Elegir bien la causa, la legitimación y el plazo es decisivo.

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