Disolución, liquidación y extinción de una sociedad mercantil: el proceso para cerrar una empresa

Cerrar una empresa no es tan sencillo como bajar la persiana y dejar de facturar. Una sociedad que se abandona sin más sigue «viva» a efectos legales, acumula obligaciones y puede acabar generando responsabilidades personales para sus administradores. Hacerlo bien, en cambio, es un proceso ordenado que protege a todos: socios, administradores y acreedores.

En esta guía te explicamos, paso a paso, cómo se cierra correctamente una sociedad: las tres fases del proceso, las causas que obligan a disolver, el papel y la responsabilidad de los administradores, cómo se liquida el patrimonio y cómo se extingue definitivamente la empresa. Cada punto importante se ampliará en entradas específicas, a las que iremos enlazando.

Todo este proceso está regulado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), que dedica sus artículos 360 y siguientes a la disolución, la liquidación y la extinción de las sociedades de capital (principalmente, las sociedades limitadas y anónimas). A ella nos referiremos a lo largo de la guía, y la recogemos al final en la bibliografía.

1.- Disolución, liquidación y extinción: tres fases distintas

Es el punto de partida, y el que más confusión genera. Cerrar una sociedad no es un acto único, sino un proceso con tres fases sucesivas. Conviene tenerlas muy claras, porque cada una produce efectos distintos.

– La disolución

Es la decisión o la constatación de que la sociedad va a dejar de operar como empresa en funcionamiento. Puede deberse a la voluntad de los socios o a una causa legal (lo vemos en el punto siguiente). Pero hay un matiz esencial: la sociedad no desaparece al disolverse. Lo que cambia es su finalidad: deja de perseguir su objeto social y pasa a tener un único propósito, el de liquidarse de forma ordenada.

– La liquidación

Es la fase en la que se ordenan las cuentas: se concluyen las operaciones pendientes, se cobran los créditos, se vende el patrimonio y se paga a los acreedores. Durante todo este tiempo, la sociedad conserva su personalidad jurídica, ahora con el añadido «en liquidación», y pasa a gestionarla un liquidador. Es la fase más larga y delicada del cierre.

– La extinción

Es el final del camino. Una vez liquidado todo y repartido entre los socios lo que sobre, la sociedad se extingue mediante escritura pública y se cancelan sus asientos en el Registro Mercantil. Solo entonces deja de existir a todos los efectos.

Confundir estas fases —por ejemplo, creer que con disolver basta para «haber cerrado»— es uno de los errores más caros, porque deja a la sociedad viva y con obligaciones sin atender.

2.- Las causas de disolución

Una sociedad puede disolverse por voluntad de los socios o porque la ley lo impone. Conviene distinguir tres supuestos.

– Por acuerdo de la junta (disolución voluntaria)

Los socios pueden decidir disolver la sociedad cuando quieran, sin necesidad de que concurra ninguna causa concreta. Basta con que la junta general lo acuerde con la mayoría reforzada que se exige para modificar los estatutos (artículo 364). Es la vía habitual cuando el negocio ya no interesa, cuando los socios quieren seguir caminos distintos o cuando, simplemente, se ha cumplido el objetivo para el que se creó la sociedad. Es una decisión libre, pero formal: debe adoptarse en junta y documentarse debidamente.

– Por causa legal

La ley enumera una serie de causas que obligan a disolver, entre ellas:

• El cese en el ejercicio de la actividad (más de un año de inactividad).
• La conclusión de la empresa que constituye el objeto social, o la imposibilidad manifiesta de conseguir el fin social.
• La paralización de los órganos sociales, de modo que sea imposible su funcionamiento.
• Y, la más frecuente, las pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social, salvo que este se aumente o se reduzca lo suficiente, o proceda el concurso.

Sobre esta última, un apunte de actualidad: el cómputo de las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 ha estado sujeto a un régimen transitorio especial (la llamada «moratoria societaria», por la pandemia), que se ha ido prorrogando. Conviene verificar su situación en cada ejercicio antes de dar nada por hecho.

– De pleno derecho

En ciertos supuestos la disolución se produce de forma automática, sin necesidad de acuerdo de la junta ni de declaración alguna. Los casos típicos son el transcurso del término de duración fijado en los estatutos (cuando se pactó una duración determinada y esta vence sin prórroga) y el transcurso de un año desde una reducción de capital por debajo del mínimo legal impuesta por una ley, sin que se haya restablecido la situación o transformado la sociedad. En estos casos, el Registro Mercantil puede incluso hacer constar la disolución de oficio.

3.- El deber de los administradores y su responsabilidad

Aquí está uno de los puntos más sensibles, y el que más conviene conocer. Cuando concurre una causa legal de disolución, los administradores no pueden mirar hacia otro lado: tienen el deber de convocar la junta general en el plazo de dos meses para que acuerde la disolución o adopte medidas que remuevan la causa (artículo 365). Si la junta no se celebra o no adopta el acuerdo, deben solicitar la disolución judicial (artículo 366).

¿Y si no lo hacen? La consecuencia es grave: los administradores responden solidariamente de las obligaciones sociales posteriores a la aparición de la causa de disolución (artículo 367). Es decir, pasan a responder con su patrimonio personal de esas deudas de la empresa. Lo desarrollamos a fondo en nuestra entrada sobre la responsabilidad de los administradores.

4.- La apertura de la liquidación: los liquidadores

Acordada la disolución, se abre la liquidación. A partir de ese momento, la sociedad añade a su nombre la expresión «en liquidación» y conserva su personalidad jurídica mientras dura el proceso (artículo 371).

Cambian, eso sí, los gestores: cesan los administradores y su lugar lo ocupan los liquidadores (artículo 374), que normalmente son los propios administradores, salvo que los estatutos o la junta designen a otros. Su misión es llevar a buen término el cierre.

5.- Las operaciones de liquidación

Los liquidadores deben ejecutar, de forma ordenada, las operaciones necesarias para cerrar la sociedad. En Los liquidadores deben ejecutar, de forma ordenada, las operaciones necesarias para cerrar la sociedad. Estas son las principales:

• Concluir las operaciones pendientes y realizar solo las nuevas que sean imprescindibles para la liquidación. No se trata de seguir con el negocio, sino de terminar lo que estaba en marcha (acabar los encargos en curso, cumplir los contratos ya firmados) y hacer únicamente lo necesario para poder cerrar.
• Cobrar los créditos de la sociedad. Los liquidadores reclaman lo que se debe a la empresa: facturas pendientes de clientes, anticipos, devoluciones… Todo lo que incremente el patrimonio que después habrá que repartir.
• Realizar el activo, es decir, vender el patrimonio. Se convierten en dinero los bienes de la sociedad (existencias, maquinaria, mobiliario, inmuebles), normalmente para poder atender las deudas y facilitar el reparto final.
• Pagar a los acreedores. Con el dinero obtenido se satisfacen las deudas sociales. Es el paso prioritario: primero cobran los acreedores y solo lo que reste, si resta, llega a los socios.
• Llevar la contabilidad y custodiar la documentación de la sociedad durante todo el proceso, manteniendo los libros y los registros en orden hasta la extinción.

Este orden no es casual: el patrimonio social es, ante todo, la garantía de los acreedores. Por eso no puede repartirse nada entre los socios mientras queden deudas por pagar.

6.- El reparto entre los socios: balance final y cuota de liquidación

Pagadas todas las deudas, los liquidadores elaboran un balance final de liquidación, que debe someterse a la aprobación de la junta (artículo 390).

El patrimonio que reste tras saldar a los acreedores es el haber social, que se reparte entre los socios: es la cuota de liquidación, que corresponde a cada uno en proporción a su participación en el capital, salvo que los estatutos establezcan otra cosa (artículos 391 y siguientes). Si no queda nada que repartir, los socios no reciben cuota, pero tampoco responden más allá de lo aportado.

7.- La extinción: escritura e inscripción en el Registro

El cierre se formaliza. Los liquidadores otorgan la escritura pública de extinción de la sociedad (artículo 395) y, con ella, se procede a la cancelación de los asientos registrales en el Registro Mercantil (artículo 396). Con esa cancelación, la sociedad se extingue de forma definitiva.

Un apunte práctico importante: si después de la extinción aparece un activo o un pasivo sobrevenido (un bien o una deuda que no se tuvo en cuenta), la ley prevé cómo resolverlo (artículos 398 y 399), de modo que los acreedores no quedan desprotegidos por el cierre.

8.- Disolución y liquidación frente al concurso de acreedores

Es una distinción esencial. La disolución y liquidación ordinaria sirven para cerrar una sociedad que puede pagar sus deudas: hay patrimonio suficiente para atender a los acreedores.

Pero si la sociedad es insolvente, es decir, no puede hacer frente a sus obligaciones, la vía correcta no es la liquidación ordinaria, sino el concurso de acreedores. De hecho, intentar liquidar y repartir entre los socios dejando deudas sin pagar puede generar responsabilidades. Puedes ver en qué consiste en nuestra entrada sobre qué es un concurso de acreedores.

9.- Bibliografía

• Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, Ley de Sociedades de Capital.
  • Disolución de pleno derecho — art. 360 LSC.
  • Causas de disolución — art. 363 LSC.
  • Acuerdo de disolución — art. 364 LSC.
  • Deber de convocar la junta (dos meses) — art. 365 LSC.
  • Disolución judicial — art. 366 LSC.
  • Responsabilidad solidaria de los administradores — art. 367 LSC.
  • Reactivación de la sociedad disuelta — art. 370 LSC.
  • Sociedad en liquidación — art. 371 LSC.
  • Cese de administradores y liquidadores — art. 374 LSC.
  • Operaciones de liquidación — art. 383 LSC.
  • Balance final de liquidación — art. 390 LSC.
  • División del haber social y cuota de liquidación — art. 391 LSC.
  • Escritura pública de extinción — art. 395 LSC.
  • Cancelación de los asientos registrales — art. 396 LSC.
  • Activo y pasivo sobrevenidos — art. 398 LSC y art. 399 LSC.

En resumen

Cerrar bien una sociedad es un proceso de tres fases: disolución (la decisión de cerrar), liquidación (cobrar, pagar y vender) y extinción (la cancelación en el Registro). Las causas de disolución pueden ser voluntarias o legales, y entre estas destaca la de pérdidas que reducen el patrimonio a menos de la mitad del capital. Ante una causa legal, los administradores deben convocar la junta en dos meses o se exponen a responder con su patrimonio (artículo 367).

Y una regla de oro: si la empresa no puede pagar sus deudas, la vía no es la liquidación, sino el concurso. Cerrar con orden y a tiempo es la mejor forma de proteger a socios y administradores.

En Versalen Abogados acompañamos todo el proceso de disolución, liquidación y extinción de sociedades, y asesoramos a administradores sobre sus responsabilidades. Puedes consultar nuestros servicios en Derecho Mercantil o contactar con nosotros para estudiar tu caso.